Acusan al Gobierno de ser los responsables de los hechos.
En un informe final, la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) consideró que hubo “graves violaciones” en las radicales protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, acontecidas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
Para la CIDH, en Ayacucho habrían ocurrido “ejecuciones extrajudiciales”, perpetradas por “agentes” del Estado. Ante ello, sugirió investigar los hechos, bajo una óptica “étnica-racial”.
La citada comisión también aseguró que esto sucedió en Juliaca (Puno), donde los agentes habrían recurrido al “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza
“La respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones”, explicó la entidad.
La CIDH subrayó que la crisis en Perú se soluciona entablando un diálogo “amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, en el que todos los sectores de la sociedad se sientan representados”.